Lee Wolosky, ex enviado para el cierre de Guantánamo, pide al Presidente Biden que
cierre la prisión
Activistas de Witness Against Torture piden
el cierre de la prisión ante el Corte Suprema el 11 de enero de 2017 (Foto: Andy Worthington).
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Por Andy Worthington, 13 de mayo de 2021
Han pasado dos semanas desde el final de los primeros 100 días de la presidencia de Biden, cuando se
produjo una breve oleada de interés de los principales medios de comunicación
por la prisión de Guantánamo, que ha sido ignorada en gran medida por la
administración Biden desde que asumió el cargo, salvo breves
menciones a la puesta en marcha de una "sólida" revisión de las
operaciones de la prisión y a la "intención" de garantizar su cierre.
Con motivo de los 100 primeros días de Biden, hemos
publicado un artículo de opinión escrito para The Hill por Anthony
Lake, asesor de seguridad nacional del Presidente Clinton de 1993 a 1997, y
nuestro cofundador Tom Wilner, que representó a los presos de Guantánamo en sus
casos ante el Corte Suprema en 2004 y 2008.
Seguimos ese artículo con otro cross-post, de un artículo de opinión escrito para el New
York Times por Lee Wolosky, el Enviado Especial para el Cierre de Guantánamo
bajo la presidencia de Obama, desde julio de 2015 hasta el final de la
presidencia de Obama, quien, como explicó Karen Greenberg en un artículo
de 2017, "Los prisioneros para siempre de Guantánamo", consiguió
"la liberación a varios países dispuestos de 75 prisioneros, casi el 40%
de la población de Guantánamo que Obama había heredado."
Wolosky, que también formó parte del Consejo de Seguridad Nacional de los presidentes Bill Clinton y
George W. Bush, aporta la perspectiva de un experto gubernamental a la actual
vergüenza nacional que supone la existencia de Guantánamo, instando al
presidente Biden a cerrar la prisión no sólo como seguimiento de su reciente promesa
de "retirar totalmente las tropas estadounidenses de Afganistán", lo
que describe como "un paso significativo" para "liberar a
Estados Unidos" de "su guerra más larga", sino también para
liberar a Estados Unidos de "la arquitectura de seguridad nacional masiva
definida por la guerra". de Afganistán", que describe como "un
paso significativo" para "liberar a Estados Unidos" de "su
guerra más larga", sino también para liberar a Estados Unidos de la
"enorme arquitectura de seguridad nacional definida por la amenaza del
terrorismo extranjero", cuya magnitud, señala, le sorprendió cuando asumió
el cargo de Enviado Especial en 2015, tras haber "abandonado la dirección
antiterrorista del Consejo de Seguridad Nacional en las semanas previas al 11-S".
Además de reconocer que Guantánamo es "una herramienta de reclutamiento para extremistas y una
mancha en nuestro carácter nacional", Wolosky recuerda haberse quedado
"estupefacto ante la burocracia de miles de empleados gubernamentales
creada en torno a Guantánamo", en la que "se gastaban anualmente
cientos de millones de dólares para mantener las instalaciones", y añade
que esto era "sólo un pequeño componente de la guerra global contra el terror".
Explícitamente, afirma que "[l]a enorme y difícil de manejar burocracia federal antiterrorista debe
ser recortada", con recursos redirigidos a otras amenazas procedentes del
extranjero, así como a "[l]a creciente amenaza del extremismo
doméstico", que "ha sido mucho más letal para los estadounidenses en
los últimos años que el terrorismo extranjero".
Centrándose específicamente en Guantánamo y en los 40 hombres que aún permanecen recluidos, Wolosky pide la
liberación inmediata de los seis hombres que aún permanecen recluidos y cuya
puesta en libertad fue aprobada por procesos de revisión de alto nivel del
gobierno estadounidense, que los 12 hombres que se encuentran en el sistema de
juicios ante comisiones militares sean trasladados a la parte continental de
Estados Unidos, y que los otros 22 -los "prisioneros para siempre"
recluidos indefinidamente sin cargos ni juicio- también sean liberados,
"previa negociación de acuerdos de seguridad adecuados con otros países,
incluido un posible procesamiento en el extranjero".
Sobre este último punto, menciona específicamente el caso del "detenido keniano Abdul Malik,
sospechoso de cometer dos atentados terroristas contra objetivos israelíes en
Mombasa, Kenia, en 2002, en los que murieron 13 personas", quien, según
él, "debería ser procesado en Israel o Kenia", porque los supuestos atentados
"ni iban dirigidos contra estadounidenses ni tuvieron lugar en suelo estadounidense".
Los abogados de Malik, en Reprieve, no
están de acuerdo con las sospechas del gobierno estadounidense sobre la
presunta implicación de su cliente en los atentados, pero es razonable esperar
que los servicios militares y de inteligencia busquen la forma de procesar al
menos a un puñado de los 22 "presos de siempre" que, hasta la fecha,
no han sido acusados, a pesar de llevar detenidos entre 13 y 19 años.
Sin embargo, es crucial que todas las partes comprendan que, cuando se acerca el 20 aniversario de la
apertura de la prisión de Guantánamo, en enero de 2022, ya no es aceptable que
nadie siga recluido sin ser acusado, y es encomiable que tanto Wolosky como los
24 senadores que recientemente
escribieron a Biden instándole a cerrar la prisión, reconozcan que el
encarcelamiento continuado de cualquier persona sin cargos ni juicio es
fundamentalmente inaceptable.
El llamamiento de Wolosky a favor del cierre de Guantánamo debería tener un peso considerable dentro de la
administración, precisamente por su anterior papel como Enviado Especial para
el Cierre de Guantánamo bajo el mandato de Obama. Para bien o para mal, el
papel del Enviado fue profundamente pragmático, más que idealista. Los antiguos
prisioneros cuya liberación negoció no siempre fueron bien atendidos por sus
antiguos captores -como ha quedado meridianamente claro en el traslado de
antiguos prisioneros a los EAU, que han sido sometidos a un encarcelamiento
continuado en condiciones inaceptables en lugar de concedérseles la
liberación que se les prometió-, pero aunque esos errores no deberían ser
repetidos por Biden cuando se trate de reasentar a prisioneros en terceros
países (principalmente, los yemeníes aún retenidos, cuya repatriación ha sido
descartada desde hace tiempo por todo el espectro político de EE.UU., por
motivos de seguridad), la experiencia de Wolosky sobre lo que es posible es significativa.
El artículo de opinión de Wolosky se publica a continuación, y espero
que tenga tiempo de leerlo y que lo comparta si le resulta útil.
Biden tiene la oportunidad de remediar uno de los mayores remordimientos de Obama
Por Lee Wolosky, New York Times, 27 de abril de 2021
La decisión del Presidente Biden de retirar totalmente las tropas estadounidenses de Afganistán es un paso
significativo para sacar a Estados Unidos no sólo de su guerra más larga, sino
también de una arquitectura de seguridad nacional masiva definida por la
amenaza del terrorismo extranjero.
Ahora debería dar el siguiente paso y cerrar el centro de detención de Guantánamo. Sus costes para
Estados Unidos -tanto de reputación como financieros- son exorbitantes, y el
centro sigue siendo una herramienta de reclutamiento para extremistas y una
mancha en nuestro carácter nacional.
En los últimos 20 años, Estados Unidos ha gastado billones de dólares en la lucha contra el terrorismo
extranjero y ha construido un formidable aparato antiterrorista dirigido contra
esa amenaza. Recuerdo mi regreso al gobierno en 2015 como enviado especial del
presidente Barack Obama para el cierre de Guantánamo, 14 años después de haber
abandonado la dirección de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional
en las semanas previas al 11-S. Me sorprendió la burocracia de miles de
empleados del Gobierno creada en torno a Guantánamo, sólo un pequeño componente
de la guerra global contra el terror. Cientos de millones de dólares se
gastaban anualmente en mantener la instalación a poca distancia de nuestras costas.
El Sr. Biden también debe examinar detenidamente el enorme compromiso de recursos que impidió otro
atentado similar al del 11-S en Estados Unidos y redujo la amenaza que
representan las organizaciones terroristas extranjeras. Hay que recortar la
enorme y difícilmente manejable burocracia federal antiterrorista. Los recursos
y la experiencia diplomática deben reorientarse a contrarrestar las amenazas
geoestratégicas más acuciantes, como las que plantea China. La creciente
amenaza del extremismo interno también merece más atención; en los últimos años
ha sido mucho más letal para los estadounidenses que el terrorismo extranjero.
Guantánamo es un vestigio de una época que por fin está llegando a su fin. Las amenazas a la seguridad de
Estados Unidos que rodearon su creación ya no existen, y la población
de detenidos restante es cada vez más geriátrica y es improbable que vuelva
a la lucha. (El detenido de más edad tiene 73 años.) Las instalaciones se están
desmoronando, lo que ha obligado a trasladar
recientemente a detenidos de alto valor de un edificio a otro.
El Sr. Obama ha dicho que no haber tomado medidas decisivas para cerrar el centro al comienzo de su
primer mandato fue uno de sus mayores pesares. Su administración estuvo a punto
de hacerlo, transfiriendo fuera de la custodia estadounidense a prácticamente
todos los detenidos que el gobierno de EE.UU. determinó que cumplían los
requisitos para salir en ese momento. Sin embargo, los esfuerzos para cerrar
Guantánamo se vieron obstaculizados por una prohibición
de traslado, aprobada por el Congreso como parte de una ley de gastos de
defensa y firmada por Obama a pesar de sus recelos. La ley pretende restringir
el traslado de los detenidos del centro al territorio continental de Estados
Unidos para cualquier fin. La legislación es de dudosa constitucionalidad
porque vulnera los poderes constitucionales del presidente como comandante en
jefe para tomar las decisiones operativas relativas a los prisioneros en tiempo
de guerra que considere oportunas, un punto que el Sr. Obama señaló.
El presidente Biden debe ordenar la salida de los detenidos que quedan en Guantánamo a pesar de la
prohibición de traslados. Quedan
40 detenidos, de los cuales 12 están sujetos a procedimientos de comisiones
militares o se han declarado culpables. Los 28 restantes podrían ser
trasladados fuera de la custodia estadounidense, previa negociación de acuerdos
de seguridad adecuados con otros países, incluido un posible procesamiento en
el extranjero.
Se ha aprobado el traslado de seis detenidos, que deberían ser liberados inmediatamente de la custodia
estadounidense. En cuanto al resto, es difícil recordar por qué algunos de
ellos acabaron bajo custodia estadounidense, o por qué deberían permanecer
allí. Pensemos en el detenido keniano Abdul
Malik, sospechoso de cometer dos atentados terroristas contra objetivos
israelíes en Mombasa (Kenia) en 2002, en los que murieron 13 personas. Fueron
actos de terrorismo horribles, pero no iban dirigidos contra estadounidenses ni
tuvieron lugar en suelo estadounidense. No obstante, lleva 14 años recluidos en
Guantánamo. Debería ser procesado en Israel o Kenia. Otros detenidos también
están sujetos a la jurisdicción penal de otros países o podrían cumplir
condenas estadounidenses en el extranjero. Estados Unidos no debe ser el
carcelero mundial de primer o último recurso.
Aquellos que no puedan ser trasladados fuera de la custodia de Estados Unidos en este momento, incluidos
los detenidos en espera de juicios ante comisiones militares, deben ser
trasladados a la prisión federal de máxima seguridad de Florence, Colorado, o a
bases militares en Estados Unidos o en el extranjero. El sistema penitenciario
federal tiene un historial intachable en el encarcelamiento seguro de
sospechosos y condenados por actos de terrorismo, y a un coste mucho menor que
los más de 13
millones de dólares anuales por detenido en Guantánamo. (Cuesta alrededor
de 78.000 dólares anuales alojar a un preso en una supermáxima).
Estados Unidos abandona por fin Afganistán. También deberíamos cerrar por fin Guantánamo. Al igual que con
el fin de la guerra, eso sólo será posible con el liderazgo presidencial más audaz.
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